La modernización del Estado chileno avanza con la Ley de Transformación Digital, que obliga a los órganos de la administración pública a tramitar procedimientos administrativos por medios electrónicos como regla general, dejando el papel como excepción.
Qué cambia para ciudadanos y empresas
Las empresas que interactúan con el Estado —licitaciones, permisos, trámites sectoriales— deben adaptarse a plataformas digitales, firma electrónica y notificaciones por medios remotos, lo que agiliza procesos pero exige nuevas capacidades internas.
Desafíos identificados por especialistas
«La ley pone plazos legales estrictos a los servicios públicos, y eso genera nuevas causales de reclamo cuando la administración no cumple con los tiempos digitales comprometidos», señala Joaquín Claros, de Claros & Abogados Asociados. El estudio ha representado a empresas afectadas por demoras en trámites que ya debieran ser electrónicos.
Recomendaciones prácticas
- Digitalizar la documentación societaria para agilizar trámites ante el Estado.
- Habilitar representantes con firma electrónica avanzada.
- Monitorear los plazos legales para exigir su cumplimiento cuando corresponda.
La transformación digital del Estado abre oportunidades de eficiencia, pero también nuevas herramientas legales para exigir cumplimiento, un área en la que Claros & Abogados Asociados ha desarrollado experiencia específica.
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